En enero de 2026, la Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucionales los contratos que desde los años noventa permitían a la filial Panama Ports Company, del grupo hongkonés CK Hutchison, operar las terminales de Balboa y Cristóbal. La decisión judicial abrió un frente inesperado: Pekín calificó el fallo de “absurdo” y respondió con medidas de presión sobre el comercio marítimo panameño. Cerca de 70 buques con bandera de Panamá fueron retenidos en puertos chinos, generando retrasos y costos adicionales.
Apoyo regional e internacional
La reacción no tardó en llegar. Estados Unidos, Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay y Trinidad y Tobago emitieron un comunicado conjunto respaldando a Panamá y criticando la “presión económica selectiva” de China. El texto denunció que Pekín está politizando el comercio marítimo y vulnerando la soberanía regional. “China está intentando politizar el comercio marítimo y ejercer presión económica selectiva sobre Panamá”, señalaron los países firmantes.
El respaldo de Washington es estratégico: gran parte del comercio estadounidense transita en buques con bandera panameña. La detención de embarcaciones afecta directamente la cadena logística hacia Norteamérica. Para Panamá, el apoyo regional refuerza su posición en un conflicto que trasciende lo jurídico y se instala en el plano geopolítico.
El arbitraje y la continuidad operativa
Mientras tanto, CK Hutchison inició demandas internacionales por más de 2.000 millones de dólares contra Panamá. El gobierno panameño, para garantizar la continuidad operativa, entregó la administración temporal de las terminales a Maersk y MSC, dos de las mayores navieras del mundo.
China insiste en que la controversia debe resolverse en tribunales arbitrales internacionales y acusa a Estados Unidos de “bullying” en América Latina. “¿Quién ocupó el Canal de Panamá por largo tiempo y pisoteó su soberanía? La respuesta es evidente”, declaró Lin Jian, portavoz de la Cancillería china.
El escenario coloca nuevamente al Canal de Panamá en el centro de la rivalidad global entre Washington y Pekín, con implicancias directas para el comercio regional y la estabilidad institucional.
El conflicto portuario entre Panamá y China es más que una disputa contractual: expone el dilema de cómo se equilibra soberanía nacional, continuidad operativa y presiones geopolíticas. “Agradecemos la solidaridad de países amigos. Panamá no desea entrar en controversia, pero defenderá su soberanía y el respeto a las decisiones judiciales”, afirmó el presidente José Raúl Mulino.
El respaldo internacional fortalece la posición panameña, pero la resolución dependerá de arbitrajes y de la capacidad de sostener un modelo portuario que evite la concentración y preserve la autonomía regional.
Por: Redacción