El Decreto 690/2026, publicado el 31 de julio, deroga el viejo reglamento de 1991 y aprueba uno nuevo para los servicios de practicaje y pilotaje en ríos, puertos, pasos y canales. El objetivo oficial es claro: bajar el “costo argentino”, abrir la competencia y transparentar un servicio que el Gobierno considera obsoleto y cargado de barreras artificiales.
La norma crea un registro abierto de prácticos a cargo de la Prefectura Naval Argentina: cualquier profesional que acredite idoneidad puede inscribirse, sin cupos. Las tarifas máximas las fijará la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) e incluirán todas las tareas del servicio, sin adicionales no autorizados. También se flexibiliza el transporte de prácticos y se amplían las exenciones: capitanes (argentinos o extranjeros) con suficiente experiencia de zona podrán prescindir del práctico mediante una declaración jurada que, en la práctica, se aprueba casi de oficio.
Sin embargo, el decreto no detalla todavía cómo se acreditará esa idoneidad, punto que queda para reglamentaciones posteriores y que ya genera desconfianza.
La respuesta no se hizo esperar
Desde el 1° de agosto los prácticos, pilotos y baqueanos suspendieron la prestación de nuevos servicios. No es un paro formal ni un lock-out clásico (son profesionales independientes), pero el efecto es el mismo: el ingreso y egreso de buques se complicó de inmediato, especialmente en el Gran Rosario y la Hidrovía Paraná, corazón de las exportaciones agroindustriales.
Las asociaciones del sector denuncian que la reforma pone en riesgo la seguridad de la navegación y cuestionan la total ausencia de diálogo previo. Ya anunciaron acciones judiciales, incluyendo una denuncia penal. El Gobierno, por su parte, sostiene que modernizar un sistema “anquilosado” no puede esperar meses de negociación y que el interés general de bajar costos debe primar sobre los intereses sectoriales.
El nudo político
Más allá de si la reforma era necesaria (pocos discuten que el régimen de 1991 necesitaba actualización), el método elegido es el verdadero punto de fricción. Un cambio estructural de esta magnitud, dictado por decreto y sin consulta previa, aceleró el conflicto y trasladó la pelea al terreno judicial y, previsiblemente, al Congreso.
El Decreto 690/2026 marca un giro de fondo en el practicaje argentino. Ahora el desafío no es solo técnico ni tarifario: es demostrar que se puede modernizar un servicio crítico sin que la operatoria portuaria pague el precio de la velocidad.
Por: Redacción