El sistema europeo de comercio de emisiones (ETS) aplicado al transporte marítimo y el mecanismo de ajuste en frontera por carbono (CBAM) son pilares de la política climática de la UE. Ambos persiguen objetivos legítimos de descarbonización y protección de la industria europea, pero su diseño e implementación han generado fuertes críticas en el sector portuario. Autoridades portuarias y operadores privados sostienen que, aunque existen mecanismos formales de consulta, su voz llega tarde o con poco peso real en el diseño final de las normas.
ETS marítimo y pérdida de competitividad
Desde su entrada en vigor en 2024, la inclusión del shipping en el ETS obliga a pagar por las emisiones de CO₂ en viajes entre puertos europeos (100 %) y en la mitad de los viajes extracomunitarios. El resultado concreto ha sido el desvío de tráficos de transbordo hacia hubs vecinos como Tánger Med, Port Said o puertos turcos. La European Sea Ports Organisation (ESPO) ha documentado reiteradamente este fenómeno de carbon and business leakage y ha exigido una revisión urgente del sistema, advirtiendo que la medida, aunque correcta en sus fines, se concibió con insuficiente consideración de sus efectos sobre la competitividad de los puertos europeos.
CBAM y carga operativa
El CBAM, ya en su fase definitiva, impone controles y reportes adicionales sobre las importaciones de bienes intensivos en carbono. La Federation of European Private Port Operators (FEPORT) y otros actores han señalado que la Comisión subestimó la complejidad operativa que esto genera en las terminales, trasladando costos y trámites a operadores que tuvieron poco margen de incidencia en el diseño del mecanismo.
El problema de gobernanza
La arquitectura institucional de la UE concentra la iniciativa normativa en la Comisión y el Parlamento. Existen foros de consulta (European Ports Forum, diálogos estratégicos, contribuciones de ESPO y FEPORT), pero el sector percibe que se trata más de ejercicios de legitimación que de participación efectiva. Los puertos terminan actuando como ejecutores de normas que afectan directamente su posición competitiva, sin haber tenido capacidad real de moldearlas en la fase crítica de diseño. Esta asimetría alimenta la sensación de gobernanza vertical y erosiona la confianza.
Implicancias
El riesgo no es solo de competitividad: es también de legitimidad. Cuando las políticas climáticas se perciben como impuestas desde arriba, se debilita el consenso necesario para sostenerlas en el tiempo. Europa necesita ambición climática, pero también mecanismos de participación que den a los puertos y operadores un peso real en las decisiones que condicionan su futuro. La sostenibilidad ambiental no puede construirse a costa de la competitividad ni de la confianza en las instituciones.
Por: Redacción