
El sector portuario argentino atraviesa un momento crítico. Los costos de practicaje, el nuevo esquema de peaje en la Hidrovía Paraná‑Paraguay y las tarifas de remolcadores y lanchas configuran un escenario de alta presión sobre la competitividad. La comparación con Brasil y Uruguay es desfavorable y alimenta el riesgo de que la carga se desvíe definitivamente hacia terminales vecinas.
Costos y comparaciones
Enrique M. Indart, presidente de la Cámara de Practicaje de la República Argentina, defendió la estructura tarifaria: “Los valores de practicaje en el Río de la Plata responden a la complejidad de la maniobra y a la seguridad de la navegación, no a un capricho tarifario”.
Sin embargo, los números oficiales muestran que un Panamax paga alrededor de USD 16.900 en Buenos Aires, mientras en otros puertos argentinos la tarifa ronda los USD 9.300–11.200.
En Santos y Montevideo los valores son más bajos, aunque analistas advierten que las comparaciones no siempre son equivalentes por diferencias en distancias y condiciones de acceso.
El peaje de la Hidrovía, privatizado en julio bajo concesión de Jan De Nul–Servimagnus, arrancó con una rebaja del 13,5 %, pero proyecta aumentos escalonados hasta USD 5,78 por tonelada. Juan Carlos Venesia, director del Programa de Infraestructura Regional de la UNR y del Instituto de Desarrollo Regional (IDR) , alertó: “Si Argentina no logra estabilizar el peaje de la Hidrovía y los costos auxiliares, la carga se va a ir definitivamente a Montevideo y Santos”.
Desregulación y tensiones
La liberalización del cabotaje mediante el Decreto 690/2026 buscó reducir el “costo argentino”, pero su impacto ha sido limitado. Persisten altos costos en practicaje y servicios auxiliares, y el paro de prácticos de agosto paralizó más de 140 buques, con desvíos documentados hacia Montevideo y puertos del sur de Brasil.
En paralelo, los servicios auxiliares siguen siendo un factor de presión. En puertos patagónicos, las tarifas diarias para embarcaciones menores de 20–30 metros oscilan entre USD 11,5 y 17,4, con cargos mensuales de hasta USD 183. Ricardo Sánchez, economista de la CEPAL, señaló: “La liberalización del cabotaje tuvo impacto limitado: los costos estructurales persisten y la competitividad regional sigue favoreciendo a Brasil y Uruguay”.
La política de desregulación y ajuste tarifario no logró blindar la competitividad portuaria. Los precios de practicaje, el peaje de la Hidrovía y los servicios auxiliares siguen siendo altos, mientras Brasil y Uruguay consolidan ventajas con tarifas más bajas y estabilidad regulatoria. El riesgo de que la carga se desvíe definitivamente hacia terminales vecinas es tangible. Para sostener su posición, Argentina necesita consensos técnicos, previsibilidad tarifaria y coordinación regional que evite perder tráfico estratégico.
Por: Redacción

