La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria fue sede del II Congreso Nacional de Marinas de España, un encuentro que reunió a más de 250 profesionales de 64 puertos deportivos, junto a representantes de administraciones públicas, empresas y organizaciones vinculadas al sector. La actividad concluyó con la firma del denominado Pacto de Canarias por las Marinas, un documento suscripto por alrededor de medio centenar de entidades públicas y privadas que busca establecer una agenda compartida para el desarrollo futuro de estas instalaciones.
A primera vista, la noticia parece centrarse en la realización del Congreso y en los compromisos asumidos por los firmantes del pacto. Sin embargo, el contenido de las jornadas permite advertir una discusión de fondo que excede la gestión cotidiana de los puertos deportivos.
Durante las sesiones técnicas e institucionales aparecieron reiteradamente conceptos como seguridad jurídica, modernización de infraestructuras, sostenibilidad, innovación, digitalización, coordinación administrativa y prórrogas concesionales. Lejos de ser menciones aisladas, conforman un mismo hilo conductor: la búsqueda de condiciones estables para sostener inversiones de largo plazo.
Más que náutica recreativa
El propio lema del Congreso, “Infraestructuras estratégicas para el desarrollo del litoral”, ofrece una pista sobre la dirección que intenta seguir el sector.
Tradicionalmente, los puertos deportivos han sido asociados a la actividad recreativa, al turismo náutico y al ocio. Sin embargo, el discurso predominante durante el encuentro apuntó a destacar una función económica más amplia, vinculada al empleo, los servicios, la actividad comercial y la denominada economía azul.
En ese contexto, la insistencia en definir a las marinas como infraestructuras estratégicas refleja un esfuerzo por reforzar su reconocimiento institucional dentro de las políticas de desarrollo costero.
La discusión también estuvo acompañada por referencias al aporte económico del sector y a su capacidad para articular actividades relacionadas con el turismo, la reparación naval, los servicios técnicos, la gastronomía y el comercio local. La intención parece clara: presentar a las marinas no solamente como espacios destinados al amarre de embarcaciones, sino como activos capaces de generar valor económico sobre el litoral.
Inversión y previsibilidad
Otro de los aspectos que sobresalió durante el Congreso fue la atención dedicada al régimen concesional y a los marcos regulatorios que condicionan el desarrollo de las instalaciones.
Las mesas vinculadas a pliegos, concursos, prórrogas y seguridad jurídica reflejan una preocupación compartida por numerosos operadores: la necesidad de contar con horizontes previsibles para planificar inversiones que, por su naturaleza, suelen amortizarse en períodos prolongados.
En ese sentido, el Pacto de Canarias incorpora compromisos relacionados con la coordinación administrativa, la modernización de infraestructuras, la sostenibilidad, la innovación y la generación de condiciones que favorezcan nuevas inversiones.
Más allá de las formulaciones institucionales, el mensaje subyacente parece apuntar a un objetivo concreto: construir marcos estables que permitan renovar instalaciones, incorporar tecnología y mejorar la competitividad de las marinas dentro de un entorno regulatorio cada vez más exigente.
La propia evolución de la agenda sectorial española durante los últimos años muestra que los debates sobre inversión y concesiones han adquirido un peso creciente en las organizaciones representativas de los puertos deportivos.
Una discusión que trasciende a las marinas
La firma del Pacto de Canarias puede interpretarse como un punto de llegada para el Congreso, pero también como un punto de partida para una agenda más amplia.
El documento reconoce a las marinas como infraestructuras estratégicas para el litoral y plantea una mayor colaboración entre administraciones y sector privado, junto con la promoción de inversiones, innovación, sostenibilidad y accesibilidad.
Desde esa perspectiva, la discusión deja de girar exclusivamente alrededor de la náutica deportiva para adentrarse en una cuestión más profunda: cómo financiar, modernizar y gestionar infraestructuras costeras que aspiran a desempeñar un papel creciente dentro del desarrollo económico de los territorios donde se encuentran emplazadas.
En definitiva, el principal mensaje surgido de Gran Canaria parece ser que el sector busca dejar atrás una visión centrada únicamente en el ocio y el turismo. El objetivo es alcanzar un reconocimiento más amplio como parte de la infraestructura económica del litoral español, combinando inversión privada, cooperación institucional y planificación de largo plazo.
Por: Redacción