En su emblemática nota de 2020, el Dr. Ramiro Puente trazó un perfil audaz y necesario del capitán de buque: una figura solitaria, investida con poderes normativos que emulan los de una autoridad pública, con capacidades de policía, notariado, registro civil e incluso potestades testamentarias. Un superhéroe normativo, como lo bautizó, que en medio de mares inciertos porta la carga institucional de mantener el Estado a bordo.
Hoy, cinco años después, ese retrato resuena con fuerza, pero también interpela. El capitán era en tiempos analógicos el centro de gravedad operacional, ¿qué lugar ocupa en un ecosistema cada vez más digitalizado, automatizado y protocolarizado?
La concentración normativa sigue siendo su atributo más poderoso. El Código de Comercio y la Ley 20.094 aún lo sitúan como figura clave en la gobernanza del buque. Sin embargo, el capital humano y la soberanía funcional que lo definían enfrentan ahora nuevos condicionantes:
- Sistemas de navegación autónomos que reconfiguran la toma de decisiones.
- Protocolos de seguridad estandarizados que reducen márgenes discrecionales.
- Plataformas de monitoreo satelital que hacen del buque un nodo expuesto al control global.
En este contexto, ¿sigue siendo el capitán un superhéroe normativo o se ha convertido en rehén del protocolo?
El paralelismo que Puente trazaba entre el capitán y el Poder Ejecutivo en tiempos de emergencia cobra una nueva dimensión cuando se observa el uso contemporáneo de decretos de necesidad y urgencia (DNU) en Argentina. Al igual que el capitán, el Ejecutivo también opera bajo tensión normativa: debe decidir en tiempos de crisis, concentrando funciones para evitar el colapso. Y como él, también enfrenta el riesgo de desgaste institucional cuando sus facultades se desdibujan por exceso o por presión externa.
La figura del capitán, entonces, no solo merece ser repensada en clave jurídica, sino también en clave política. Porque si el buque es una metáfora del Estado, el capitán es una metáfora del liderazgo en tiempos críticos. En aguas extranjeras, incluso adquiere dimensión consular: representa formalmente al Estado ante autoridades portuarias, administra documentación oficial y custodia derechos nacionales más allá de las fronteras físicas.
Y quizás, más que superhéroe, hoy sea faro. Uno que no alumbra desde la omnipotencia, sino desde la prudencia normativa, la ética de mando y la resiliencia frente a mares cada vez más complejos. Porque en medio de automatismos y protocolos globales, sigue siendo su juicio —y su legitimidad consular— lo que mantiene viva la noción de soberanía flotante.
Director en Confluencia Portuaria