Los Angeles, California. La escena es inquietante: buques detenidos, patios vacíos, minoristas en alerta. En apenas seis días, el Puerto de Los Ángeles —junto con Long Beach— perdió 225 mil contenedores. La causa inmediata: una batería de aranceles del 145% sobre importaciones chinas, impulsada por la administración Trump. Pero el efecto excede lo comercial. Cada cuatro contenedores sostienen un puesto de trabajo. La ecuación es simple y brutal: menos carga, menos empleo.
Gene Seroka, director del puerto, fue claro: los grandes minoristas tienen inventario para apenas 6 a 8 semanas. Mario Cordero, CEO de Long Beach, fue más allá: “Esto es más grave que la pandemia”. La comparación no es retórica. En San Pedro y Long Beach, el temor al desempleo masivo ya se siente en los sindicatos y en las cadenas de suministro regionales.
La respuesta política tampoco tardó. Representantes demócratas de California, como Nanette Barragán y Jimmy Gómez, criticaron la falta de previsión estratégica. El gobernador Gavin Newsom pidió fondos federales para mitigar el impacto. Pero el daño ya está hecho. Y no se limita a Estados Unidos.
El eco en el Atlántico Sur
La parálisis en Los Ángeles no es solo una noticia internacional. Es una señal para los puertos del Atlántico Sur, donde la dependencia de flujos globales exige lectura fina y reacción territorial. ¿Qué pasa si la guerra comercial se intensifica? ¿Cómo se reconfiguran las rutas? ¿Qué rol pueden jugar los puertos argentinos en un escenario de redistribución logística?
La crisis en California obliga a pensar en autonomía, resiliencia y estrategia. No como discurso, sino como política pública. Porque cuando el puerto más grande de América se detiene, el resto del mapa tiembla.
Por: Redacción