Proclama desde el Sector Privado
Si bien al escribir no suelo alejarme de mis áreas de conocimiento habituales (ciertas ramas jurídicas y filosóficas), y sabiendo que es muy complejo poder conformar a todos los lectores cuando se tocan temas de alto contenido subjetivo, éste artículo será una excepción a mis usos literarios. Pido anticipadamente mis sinceras disculpas.
Considero inapropiada la auto referencia en este tipo de ensayos, pero lamentablemente será necesaria la contextualización y determinación de un punto de partida analítico.
Personalmente ejerzo la actividad privada (abogado liberal). A ello agrego complementariamente mi actividad laboral relacionada al ámbito público dedicada a la asistencia de docencia en la carrera de derecho de la Universidad Nacional del Sur, cuya carga horaria y remuneración resultan sumamente moderadas. Es decir, vivo principalmente de la actividad privada.
Somos muchos en iguales circunstancias. Y claramente somos el sostén más importante de la sanidad (o no) de la economía general del Estado mediante nuestros tributos.
Luego de analizar variadas aristas de esta realidad voy llegando a conclusiones tan desopilantes como disparatadas. Y por ello la presente “proclama”. Sin orden ni método. Con filosofía cero. Simplemente eso, una proclama.
Sostengo inicialmente: quienes transitan esta independencia del Estado se encuentran en un escalón socio-institucional superior a los dependientes.
Cuando digo dependientes me refiero a todos los que detentan trabajos en el Estado. Aquellos que cobran sus remuneraciones del Fisco (municipal, provincial o nacional).
Desde el Presidente de la Nación hasta el sereno de un depósito municipal. Todos ellos son necesariamente dependientes de quienes no lo son. Parece un juego de palabras. Y lo es. Esos típicos arrebatos demagogos de la actualidad como “el pueblo es nuestro jefe” o “estamos para servirlos” son siempre emanados desde los más altos cargos del Estado. Normalmente los cargos políticos, sean electivos o no.
Obviamente, los empleados estatales de menor rango (escuelas, salud, seguridad, infraestructura, justicia, etcétera) no estarán alcanzados por este ensayo. Dedico mis párrafos exclusivamente a los “grandes” que siempre, pero siempre, hacen y harán más ruido al caer.
Los empleados de máximas jerarquías de los tres poderes del Estado han alcanzado en las últimas décadas niveles de remuneración que se han ido incrementando gradualmente. Más allá de las diferentes monedas y valores, proporcionalmente ahora ganan mucho más dinero que antes.
Por este innegable dato de la realidad, los cargos públicos son, desde hace largos años, una interesante y sustanciosa “salida laboral”, ello además de satisfacer algunos vicios de sujetos afectados por ciertos complejos o defectos de personalidad como la detentación del poder o una pretendida influencia sobre los conciudadanos.
A pesar de la agobiante demagogia utilizada permanentemente por los ejecutivos, legislativos y judiciales “grandes”, la distorsión de los estamentos empleado/empleador”, a mi juicio, se ha vuelto cada vez más ostensible.
Vamos a algunos puntos concretos
Tal vez alguien pueda explicar con criterioso fundamento el porqué del advenimiento en los últimos años de políticos actuando en permanente contradicción ideológica y conceptual (¿camaleones?).
Se dirá que hoy ya no hay partidos políticos, que no hay ideologías, que el personalismo se ha vuelto amo y señor. No estoy tan seguro de estas respuestas. Tal vez la “buena vida” que hoy dan los cargos públicos, con más la “puertas que se abren” cuando se ejerce el poder, representan el fundamento rector de esta tendencia reprochable y que inexorablemente conduce a la desintegración moral (y ética) de la política y también, por mera decantación, de la comunidad toda.
Analizar los actuales (y no tan actuales) grupos y personas del poder en sus orígenes partidarios o ideológicos arroja un resultado pavoroso. Algunos dirán que soy arcaico y no comprendo la realidad. Que no me adapto interpretativamente a los tiempos nuevos. Es posible. Pero cuidado, pertenezco al sector privado, el que “paga todas las cuentas”. Este sector es El Superior. Sin dudas.
Un Estado gigantesco
El Supremo que incrementa el porcentual del empleo genuino y que no se alista entre los millones del contratito en el estado. Éste gigantesco estado de la actualidad sigue y seguirá subsistiendo del producto del trabajo del Superior. Y puede gritar al Presidente, al Diputado y al Senador, a los Ministros de la Corte (y jueces) en sus impávidas caras de dependientes que, si el Superior sector privado no trabaja o no paga impuestos, los citados no podrán darse algunos gustos que les permiten sus remuneraciones públicas.
Algunos políticos fluyen mediante típicas diatribas demagogas. Y continúan viviendo de la estratégica captación de conchabos públicos a cargo del Superior. Los reprobamos cuando no hacen correctamente sus tareas de dependientes y lamentamos que el sistema jurídico nos impida “cortarles rápidamente el chorro” cuando incumplen sus deberes (habitualmente).
A su vez, no se los puede expulsar (echar) e indemnizar como a cualquier ser superior del sector privado. Ostentan privilegios laborales ya insostenibles por repugnantes a elementales Principios Supralegales de Justicia e Igualdad.
En algún momento de “voladura neuronal” he razonado risueñamente la eventual viabilidad de una acción judicial (un Amparo, por ejemplo) donde se solicite a un juez la eximición de pagar impuestos cuando se ven claros incumplimientos laborales públicos o descarados robos al Fisco frente a la vista de todos.
Aunque después reflexiono: ¿A un Juez que pueda ser otro dependiente más del sistema al que no le conviene darnos la razón? (además privilegiado impositivamente como si ostentara algún pretendido título de nobleza) … Muy ingenuo.
Soy abogado y cada día estoy más convencido de una circunstancia: La ciencia del derecho es el ámbito natural de los abogados (de los buenos y correctos). Muchos jueces, lamentablemente, lo son cada vez menos. Es preocupante ver como en algunos casos (no todos) se observa a determinados magistrados abstraídos y lejanos de la realidad sobre la cual deben juzgar. Éste es un gravísimo problema que estira sus tentáculos por lados diversos.
Pero no me desviaré hacia este punto particular. Sigamos con los empleados parlamentarios. Según la carta magna, ¿a quién representan los legisladores? A nosotros. Pero parece que algunos lo olvidan inmediatamente luego de la jura. En muchísimos casos sus puestos podrían ser eficazmente suplantados por un sistema de palancas con dos posiciones (afirmativo o negativo) que dan respuestas automáticas a las órdenes de otros dependientes de mayor poder político.
La fortaleza parlamentaria de otros países (limítrofes) hace que esa obligación constitucional de “representatividad” se ejerza verdaderamente. Acá pareciera que adolecemos de pseudo escribanos dependientes que pasan y pasan por los congresos, siempre muy bien remunerados por la casta superior del sector privado.
Ahora hay un nuevo Ejecutivo, un nuevo gobierno. Tiene crédito. Pero no mucho. No tenemos demasiado tiempo, ni ganas, ni tolerancia para darle oxígeno a nadie. El Superior está muy maltratado, de pésimo humor y con inocultable hartazgo.
Ojalá en el futuro me eviten otra desordenada y caótica proclama. Señores empleados públicos de altas jerarquías, sean dignos. Actúen siempre con Prudencia y en férrea (feroz) defensa de la “cosa pública”. Representen y cuiden con suaves caricias, visible ternura y verdadero afecto a un SECTOR PRIVADO institucionalmente superior.
No se crean jefes. No solo no lo son, sino que pronto “dejaran de no serlo”. Ya se ha dicho muchas veces. Los tiempos cambian y las personas pasan. Los de afuera algún día podrán estar adentro y viceversa. Y aquí agrego a contrapelo que lamentablemente las instituciones públicas también se destruyen.
Pero la máxima institución llamada Sector Privado siempre está. Es preexistente y subsiste. Su desaparición implicaría sin atenuantes la propia desintegración del Estado.
Cierro revelando que el presente ensayo fue escrito en marzo de 2016. Aquí y hoy, lo dejo expresamente reproducido en su totalidad.
Por: Ramiro E. Puente. Abogado liberal. Docente Universitario
Por: Redacción