Una catástrofe química que interpela a la justicia internacional
La Corte Suprema de Sri Lanka emitió un veredicto sin precedentes: US$1.000 millones de compensación por el hundimiento del MV X-Press Pearl, ocurrido en 2021 frente a las costas de Colombo. El buque, con bandera de Singapur, transportaba ácido nítrico y más de 70.000 millones de pellets plásticos cuando se incendió y se hundió. El derrame resultante fue calificado como el mayor vertido de microplásticos en océanos registrados hasta la fecha.
El fuego se desató el 20 de mayo, mientras la embarcación esperaba atraque en el puerto. Las llamas se propagaron por varios días, liberando gases tóxicos y fundiendo parte del casco. Los intentos de remolque fueron infructuosos, y finalmente el barco se hundió el 2 de junio, dejando una estela de contaminantes que alcanzaron decenas de kilómetros de litoral. Las operaciones de emergencia incluyeron unidades navales de Sri Lanka y empresas privadas, pero no lograron evitar el desastre ambiental.
Desde Confluencia Portuaria cubrimos el incidente en su momento, alertando sobre la magnitud del daño y los vacíos normativos en el transporte marítimo internacional. Cuatro años después, la justicia señala a propietarios, fletadores, agentes y funcionarios públicos por negligencia y violación de derechos fundamentales. La sentencia incluye pagos en cuotas, a ser gestionados por una nueva Comisión de Compensación, en un intento por ordenar la reparación de comunidades costeras aún golpeadas por el desastre.
Un fallo con vocación de precedente regional
Más allá del monto exigido, la decisión judicial introduce un nuevo estándar de responsabilidad ambiental con implicancias transfronterizas. Declara al X-Press Pearl como «el peor desastre marino en la historia del país» y exige revisar protocolos internacionales en la gestión de sustancias peligrosas. El fallo deja en evidencia la fragilidad del sistema de fiscalización marítima y abre la puerta a litigios similares en otros puertos del Sur Global.
Sri Lanka convierte una tragedia ecológica en señal jurídica. Y el caso, cubierto oportunamente por Confluencia, se transforma hoy en emblema de reparación territorial y alerta sobre la urgencia de reformar la gobernanza marítima en clave ambiental.
Analista internacional