La orden de suspensión emitida por la administración Trump sobre el proyecto Revolution Wind marca un punto de quiebre en la planificación energética de Nueva Inglaterra y en la credibilidad institucional de Estados Unidos en materia de transición sostenible. Con 45 turbinas ya instaladas, bases offshore completadas y contratos vigentes con Rhode Island y Connecticut, el proyecto representaba una incorporación clave de 704 MW de energía limpia al sistema eléctrico regional. La suspensión interrumpe una cadena de valor consolidada, con implicancias directas en infraestructura, empleo técnico y capital internacional.
Según fuentes oficiales, la medida se fundamenta en tres argumentos: primero, la preocupación por posibles interferencias con operaciones estratégicas en la zona económica exclusiva; segundo, el cuestionamiento de los permisos otorgados durante la administración anterior, considerados como acelerados y carentes de revisión técnica integral; y tercero, la implementación de una nueva política energética federal que prioriza los combustibles fósiles como eje de “dominación energética”, desplazando los proyectos renovables a un segundo plano.
Impacto estructural en la transición energética
La detención del proyecto afecta tres dimensiones clave. En términos de infraestructura, se pierde una capacidad renovable significativa en una región que depende de diversificación energética para reducir emisiones y costos. En el plano laboral, se pone en riesgo la continuidad de empleos especializados y sindicalizados, con efectos colaterales en formación técnica y retención de talento. Y desde la perspectiva de inversión, se genera un escenario de inseguridad jurídica que obliga a desarrolladores globales como Ørsted a reconsiderar su portafolio en EE.UU., debilitando la competitividad del país frente a mercados europeos y asiáticos.
Suspender un proyecto de esta magnitud, con alto grado de avance y planificación intergubernamental, implica una tensión difícil de resolver entre soberanía energética y sostenibilidad. Si bien la seguridad nacional es un principio rector, la forma y el momento de la decisión generan incertidumbre regulatoria, erosionan la confianza de actores internacionales y afectan directamente a los ciudadanos estadounidenses. La pérdida de empleos, el retraso en la diversificación energética y el debilitamiento de la infraestructura renovable son consecuencias que trascienden lo técnico y comprometen el futuro energético del país.
Consideraciones institucionales
Desde una perspectiva estratégica, esta medida debilita la previsibilidad regulatoria, reconfigura el mapa energético federal y obliga a revisar los marcos de cooperación internacional en materia de energía y logística portuaria. La transición energética requiere continuidad, consenso y visión de largo plazo. Interrumpir proyectos avanzados no solo desacelera el cambio, sino que compromete la capacidad del país para liderar en innovación, sostenibilidad y competitividad global.
Por: Redacción