El paro de prácticos iniciado el 1° de agosto se consolidó como un conflicto de alto impacto en la actividad portuaria argentina. La medida de fuerza, que afecta a todos los puertos del país, mantiene varados más de 140 buques y genera pérdidas significativas en sectores estratégicos como el agroexportador y el energético. El origen del conflicto está en el Decreto 690/2026, impulsado por el Gobierno nacional, que desregula el servicio de practicaje y pilotaje. La reacción gremial fue inmediata: los prácticos interrumpieron sus tareas en rechazo a la norma, alegando que vulnera la seguridad náutica y la regulación vigente.
Alcance nacional de la paralización
La medida se extiende desde Ushuaia hasta la Hidrovía Paraná-Paraguay, afectando el 80% de las exportaciones argentinas. En el Gran Rosario, San Lorenzo y Timbúes, el polo agroindustrial quedó paralizado, frenando operaciones de granos y subproductos. En Campana, Dock Sud y Bahía Blanca, la interrupción impacta en la logística de combustibles, mientras que en Caleta Córdova (Comodoro Rivadavia, Chubut) se advierte riesgo de desabastecimiento en la Patagonia sur.
Impacto en exportaciones y energía
El paro afecta directamente a la salida de cargueros de granos y tanqueros de combustible. Durante la primera semana de agosto, exportadores reportaron pérdidas millonarias por contratos incumplidos y demoras en embarques. Según estimaciones de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), las pérdidas diarias podrían superar los 100 millones de dólares en el sector agroindustrial. El sector energético enfrenta un escenario crítico: se suspendió el ingreso de crudo a refinerías y la salida de productos refinados hacia centros de distribución. El proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), considerado estratégico para el desarrollo energético nacional, también sufrió demoras por buques varados en Bahía Blanca y Punta Colorada.
Intimación de Prefectura Naval
El 4 de agosto, la Prefectura Naval Argentina intimó oficialmente a 536 prácticos a retomar tareas, bajo apercibimiento de sanciones disciplinarias y denuncias penales. La medida se fundamenta en los artículos 190 y 194 del Código Penal, que prevén penas de hasta ocho años de prisión por entorpecer el transporte por agua o poner en riesgo la seguridad de la navegación. Cabe aclarar que los prácticos son profesionales independientes, habilitados por la Prefectura, y no empleados en relación de dependencia, lo que genera un debate jurídico sobre el alcance de las sanciones.
Posiciones enfrentadas y estado de las negociaciones
El Gobierno sostiene que el decreto busca reducir costos logísticos, aumentar la competencia y eliminar “kioscos regulatorios”. Considera al practicaje un servicio público esencial y defiende la necesidad de modernizar el sistema. Los gremios, en cambio, califican la norma de “abusiva e inconstitucional” y exigen su derogación como condición para negociar. Hasta el momento, no se han abierto mesas de diálogo formales y el conflicto se mantiene sin avances concretos. Se mantienen guardias mínimas para buques petroleros y gaseros, a fin de evitar contingencias ambientales y crisis de abastecimiento energético.
El paro de prácticos refleja la tensión entre la necesidad de modernizar servicios portuarios y la forma en que se implementan las reformas. La paralización de buques y el riesgo de desabastecimiento energético colocan al sector marítimo en el centro de la agenda nacional. Si el conflicto se prolonga, los escenarios posibles incluyen la judicialización del decreto, la intervención política para abrir una mesa de negociación o el desvío creciente de cargas hacia puertos extranjeros. La resolución será clave para garantizar la continuidad del comercio exterior y la seguridad energética del país.
Por: Redacción