El paro de los prácticos dejó varados más de 140 buques y generó pérdidas estimadas en decenas de millones de dólares diarios, según cálculos de cámaras empresarias y fuentes oficiales. Algunas proyecciones más alarmistas hablaron de cifras cercanas a los USD 100 millones por día. La Prefectura Naval intimó previamente a los profesionales para garantizar mínimos de seguridad, mientras la negociación se cerró desde la Casa Rosada con intervención del Ministerio de Seguridad. El acuerdo incluyó la suspensión temporal del Decreto 690/2026, una rebaja tarifaria del 20 % y la creación de una mesa técnica interministerial.
La imprevisión como detonante
El Decreto 690/2026 buscaba desregular tarifas y habilitar competencia externa, pero se redactó sin consulta técnica ni evaluación de impacto. La falta de previsión sobre la capacidad de presión de los prácticos —profesionales independientes y no un sindicato clásico—, el costo económico inmediato y la ausencia de respaldo institucional derivaron en un retroceso político. El conflicto mostró que la improvisación regulatoria en logística portuaria puede tener consecuencias inmediatas y visibles.
Lecciones y trabajo pendiente
El Gobierno quedó obligado a revisar el régimen de practicaje, modernizar el sistema tarifario y fortalecer el rol de la Prefectura Naval. La mesa técnica deberá consensuar estándares de seguridad y costos, evitando nuevas paralizaciones. El episodio deja una lección clara: las reformas en sectores estratégicos requieren planificación integral y diálogo técnico antes de cualquier decreto. El riesgo de repetir esquemas de desregulación sin consulta previa es alto y puede comprometer la competitividad logística y la seguridad de navegación.
La crisis de los prácticos expuso el costo de la imprevisión gubernamental y la necesidad de consensos duraderos. La gobernabilidad portuaria exige una mirada estratégica que integre seguridad de navegación, competitividad logística y coordinación con el sector energético.
Por: Redacción