Londres, Reino Unido. Estados Unidos ha amenazado con imponer tarifas, restricciones de visado y tasas portuarias a países africanos que apoyen el acuerdo climático de la Organización Marítima Internacional (OMI). El pacto —que busca reducir las emisiones del transporte marítimo en un 20 % para 2030 y alcanzar la neutralidad en 2050— fue respaldado por más de 100 países, pero enfrenta resistencia directa del lobby fósil y naviero estadounidense.
La maniobra fue calificada por diplomáticos africanos como “coacción climática”, y revela una estrategia de coerción comercial que pone en riesgo la legitimidad del sistema multilateral. La paradoja es evidente: África emite poco, sufre mucho y ahora se le exige que retroceda en un acuerdo que podría mitigar esos impactos.
Europa como contrapeso limitado
La Unión Europea ha sido uno de los principales impulsores del acuerdo, integrando el transporte marítimo en su mercado de carbono y prometiendo compensaciones para países vulnerables. Sin embargo, su capacidad de contrapeso frente a EE.UU. es limitada: Alemania y Francia han reafirmado su apoyo técnico y diplomático, pero sin mecanismos de defensa ante represalias comerciales. El Pacto Verde Europeo tiene legitimidad normativa, pero no poder coercitivo fuera del bloque.
Frans Timmermans, exvicepresidente de la Comisión Europea, advirtió que “la transición energética no puede depender de la voluntad de los más contaminantes”. Su voz permite entender que Europa no es proteccionista, sino estratégica: defiende una transición con trazabilidad económica y justicia estructural.
Voces críticas y gobernanza en disputa
Mohamed Adow, director de Power Shift Africa, denunció que “los países ricos están chantajeando a los más vulnerables para proteger sus márgenes operativos”. Rachel Kyte, asesora climática y exdirectora de Sustainable Energy for All, sostuvo que “la descarbonización del transporte marítimo no es ideología: es supervivencia técnica”. Estas voces permiten equilibrar la nota: no se trata de defender el clima como dogma, sino de documentar cómo el poder económico puede bloquear acuerdos multilaterales que buscan mitigar daños reales.
Aunque el Acuerdo de París sigue vigente, su capacidad de incidir en sectores como el transporte marítimo es limitada. La OMI actúa como espacio técnico paralelo, y su marco climático —aunque alineado con París— no tiene fuerza vinculante. La presión de EE.UU. sobre África debilita ambos instrumentos, y expone la fragilidad de la diplomacia ambiental cuando se enfrenta a intereses comerciales.
La presión de Estados Unidos sobre países africanos para frenar el acuerdo climático de la OMI no es un episodio aislado: es síntoma de una disputa estructural entre poder económico, justicia ambiental y soberanía técnica. Europa intenta equilibrar, pero sin capacidad de neutralizar amenazas. África resiste, pero con costos diplomáticos crecientes. Y el clima, mientras tanto, sigue esperando que la sostenibilidad deje de ser una promesa y se convierta en política pública efectiva.
Director en Confluencia Portuaria