
La gestión de residuos en entornos portuarios representa uno de los desafíos más complejos para la sostenibilidad logística. No se trata solo de volumen: se trata de trazabilidad, control técnico y voluntad política. En Argentina, el Programa de Gestión Integral de Residuos del Puerto Buenos Aires —creado por Resolución Nº 23-AGPSE/2011— establece lineamientos claros para el tratamiento de residuos sólidos, líquidos y peligrosos. Sin embargo, su aplicación efectiva depende de la articulación entre concesionarios, permisionarios y organismos de control, algo que no siempre ocurre con el rigor necesario.

La Administración General de Puertos (AGPSE) promueve la reducción de residuos tóxicos, la valorización de materiales reciclables y la prolongación de la vida útil de los rellenos sanitarios. También impulsa el Programa de Reciclado y el Programa de Eficiencia Energética, con incentivos para buques sustentables. Pero en la práctica, la falta de monitoreo sistemático, la escasa fiscalización y la ausencia de sanciones efectivas generan una brecha entre lo normado y lo ejecutado.
Modelos internacionales y brechas locales
En el plano internacional, empresas como Ecolmare —con presencia en Barcelona, Málaga y Tarragona— desarrollan estrategias sostenibles para la gestión de residuos portuarios. Separación en origen, reciclaje, manejo de residuos peligrosos y limpieza de aguas litorales son parte de un enfoque integral que incluye actuaciones de emergencia y balizamiento de zonas sensibles. Estas prácticas, aunque replicables, requieren inversión, capacitación y compromiso institucional.
Uno de los puntos más críticos es el tratamiento de aceites usados y aguas grises. Según un estudio conjunto entre la Facultad de Agronomía de la UBA y la empresa DH-SH, cada litro de aceite vegetal usado puede contaminar hasta mil litros de agua. En Argentina, solo el 22 % de estos residuos se separa en origen para su tratamiento. El resto termina en cañerías, afectando ecosistemas acuáticos y saturando plantas de tratamiento que no fueron diseñadas para ese tipo de contaminantes.
La reutilización de aceites como insumo para biocombustibles de segunda generación representa una oportunidad estratégica. Pero su aprovechamiento requiere trazabilidad, logística inversa y articulación público-privada. En este punto, la desidia operativa y la falta de incentivos fiscales han frenado proyectos que podrían posicionar al país como referente regional en economía circular.
Tecnologías aplicadas y experiencias replicables
En Canadá, el Puerto de Vancouver logró reducir un 78 % los residuos enviados a vertederos entre 2015 y 2022, mediante separación en origen, compostaje y acuerdos con recicladores certificados. En Alemania, el Puerto de Hamburgo utiliza contenedores inteligentes con sensores para monitorear niveles de residuos en tiempo real.
En Estados Unidos, el Puerto de Los Ángeles opera barcazas autónomas para recolectar basura flotante, mientras que en el Canal de Suez se emplean drones para detectar acumulaciones de residuos en zonas críticas.
En el ámbito normativo, algunas comunas como Villa Ciudad Parque (Córdoba) han publicado anexos técnicos sobre tratamiento descentralizado de aguas residuales, incluyendo contaminantes como aceites, pinturas y solventes. Estos documentos establecen parámetros de vuelco, exigencias de monitoreo y requisitos de certificación, pero su alcance es limitado y su implementación depende de la voluntad local.
Responsabilidad institucional y trazabilidad ambiental
La falta de infraestructura específica en muchos puertos argentinos —sumada a la escasa capacitación del personal operativo— genera situaciones de riesgo ambiental que se repiten año tras año. Derrames no reportados, residuos mezclados sin clasificación y ausencia de protocolos ante emergencias son síntomas de una gestión que aún no ha internalizado la lógica de sostenibilidad como parte de su cultura institucional.
Confluencia Portuaria documenta esta problemática como parte de una cobertura estratégica sobre gobernanza ambiental, trazabilidad logística y responsabilidad institucional. La gestión de residuos en terminales y flotas no puede depender de voluntarismos ni de declaraciones formales. Requiere planificación técnica, control efectivo y una política pública que entienda que la sostenibilidad no es un eslogan, sino una obligación.

Analista Internacional

