El anuncio de Seascale confirma lo que muchos actores del sector venían anticipando: la transición energética marítima está detenida en el punto más crítico, el de la adopción de combustibles alternativos. La compañía señaló que “las ventas de biocombustibles se han reducido a una fracción mínima, pese a que la capacidad de suministro aumentó en los últimos dos años”.
Según James Turner, director de operaciones de Seascale, “el 90% de los armadores cumplen con requisitos climáticos mediante eficiencia y compensación, no mediante combustibles verdes. Nadie quiere comprometerse hasta que la OMI defina un marco global”.
Oferta creciente, demanda paralizada
La paradoja es evidente: mientras proveedores e inversores privados aceleraron la producción de metanol verde, bioetanol y combustibles sintéticos, la demanda se estancó. El motivo principal es la falta de reglas claras sobre precios de carbono y estándares de intensidad de emisiones.
El Net-Zero Framework de la OMI, aprobado en borrador en 2025, establecía dos pilares: un estándar global de intensidad de carbono y un mecanismo de precios sobre emisiones de GEI. Sin embargo, la adopción formal se postergó y recién se retomará en 2026.
Para Claudia Martínez, investigadora de la Universidad Marítima Mundial, “la transición energética marítima no depende de la tecnología, sino de la gobernanza. Sin un marco global, los armadores no pueden justificar el sobrecosto de los combustibles alternativos frente al bunker convencional”.
El error estratégico: impulsar producción sin legislación
El sector privado fue alentado a invertir miles de millones en nuevas plantas de biocombustibles, bajo la promesa de una transición acelerada. Sin embargo, los gobiernos y organismos internacionales no acompañaron con legislación vinculante. El resultado es un mercado con exceso de oferta y mínima demanda.
A esto se suma la oposición de países y empresas que defienden los combustibles fósiles sólidos, como carbón y fuel oil, argumentando competitividad y seguridad energética. La falta de previsión sobre esta resistencia política y económica dejó a los productores de combustibles verdes expuestos a un escenario de incertidumbre.
La dicotomía del “todo verde”
La situación refleja una contradicción profunda: se impulsó la agenda verde como parte de los compromisos de la Agenda 2030, pero no se lograron las leyes que amparen esa transformación. El discurso político y corporativo promovió la reconversión, mientras la gobernanza marítima internacional quedó rezagada o directamente se opone a la velocidad de los cambios.
El caso Seascale es un ejemplo de cómo la transición energética marítima puede fracasar si se avanza en un solo frente. La producción sin legislación genera sobrecapacidad y desalienta la inversión futura. La agenda verde necesita más que objetivos: requiere reglas claras, trazabilidad y mecanismos de sostenibilidad que den certidumbre a los actores del mercado.
Director en Confluencia Portuaria