Estos últimos días, en el mundo de la marina mercante, se han evaluado y discutido los alcances del nuevo Proyecto de Decreto de Desregulación del practicaje. La propuesta incluye zonas, exenciones, obligaciones, fletes y favorecimiento a las escasas empresas extranjeras que navegan en el país. El Decreto, impulsado por el actual gobierno y firmado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, abre un debate profundo sobre competencias y soberanía institucional.
Proyecto en manos de Seguridad
Monteoliva, profesional con maestría en Desarrollo y especializada en temas de seguridad, inició su trayectoria en Córdoba bajo el gobierno de De la Sota. Posteriormente fue cooptada por Patricia Bullrich, primero como directora, luego viceministra y finalmente confirmada en su cargo meses atrás. El cuestionamiento inicial es por qué este esbozo no fue abordado por el Ministerio de Defensa, dado que el tránsito de barcos de banderas extranjeras involucra directamente al interés de la Defensa.
Asesoramiento y participación ausente
Surgen interrogantes sobre quiénes asesoraron a la ministra. Un colega muy entendido en el tema expresó: “Dudo que quienes gestionan esta materia tengan la más mínima idea, ni ganas de tenerla. En este gobierno, en el anterior, el anterior del anterior, y el anterior del anterior del anterior. Y cuando han sabido algo, hubiera sido mejor que supieran menos.” Esa voz de experiencia refleja la falta de vocación política para consultar a especialistas. Lo deseable hubiera sido que cada sociedad del practicaje elevara un parecer antes de elaborar el Decreto, incluso para intentar convencerlos o, en su defecto, comunicarles un rechazo.
Agencia Nacional de Puertos y superposición
La propuesta destaca a la Agencia Nacional de Puertos (ANPYN) como autoridad de aplicación, dependiente del Ministerio de Economía. Creada hace un año, su conducción genera dudas: ¿está dirigida por especialistas, políticos de turno, parientes o concursados? El Decreto menciona que, cuando la Agencia no entienda del asunto, delegará responsabilidades a la Prefectura Naval. Esto abre un escenario de superposición de funciones y falta de cumplimiento efectivo de la Constitución en lo relativo a Defensa y Seguridad.
Se delegan a la Prefectura tareas que exceden su especificidad como fuerza de seguridad, tales como evaluación de impacto económico, apreciaciones comerciales y traspaso de Escuelas de Formación naval. Además, la PNA no tiene competencia en Educación, que corresponde a la Secretaría específica del Ministerio de Capital Humano. El Decreto debería ser evaluado también por Defensa, dado que las escuelas implicadas dependen de ese ministerio y no de Seguridad.
El Decreto aparece como una cobija multicolor bordada improvisadamente en retazos de intereses y casuismo. La crítica central es clara: la falta de consulta al practicaje y la superposición de funciones entre organismos debilitan la institucionalidad. En definitiva, lo que se reclama es respeto por las competencias de cada área y participación de los actores especializados, para evitar que decisiones improvisadas comprometan la seguridad y la soberanía en la gestión marítima argentina.
Marino Mercante y Lic. en Historia (UFPEL)