Bahía Blanca. El conflicto entre empresas de balizamiento y el Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento sumó un nuevo capítulo con la presentación de una denuncia penal que acusa a la organización gremial de acoso sindical, bloqueos operativos e intimidaciones reiteradas en el Puerto de Bahía Blanca. La causa, radicada por el abogado Maximiliano Gorg en representación de Hydra Argentina S.A. e Ildemar S.A., solicita una investigación para determinar la criminalidad de los hechos denunciados.
Antecedentes contractuales
Las empresas Hydra Argentina S.A. e Ildemar S.A. desarrollan tareas de balizamiento y batimetrías en el puerto desde 2015, en el marco de licitaciones y renovaciones contractuales. Según la denuncia, desde el inicio de las operaciones se priorizó la contratación de trabajadores locales y se alcanzó un acuerdo con el sindicato para incorporar tres tripulantes categoría 9, impuestos por la organización gremial.
El escrito sostiene que lo pactado no fue respetado y que, mediante presiones e intimidaciones, el sindicato impuso unilateralmente nuevas incorporaciones y cambios de categoría, además de exigir pagos “a la orden” a tripulantes. Estas prácticas, fuera de convenio, habrían generado un encono sostenido entre las partes.
Hechos denunciados
La denuncia penal enumera una serie de episodios que, según las empresas, configuran un patrón de hostigamiento:
- 14/11/2019: agresión física al capitán del buque Cleopatra I en muelle, con golpes de puño e insultos.
- 07/10/2024: bloqueo de la zarpada de una embarcación mediante una asamblea convocada sin aviso ni temario.
- 28/04/2025: manifestación con panfletos contra Hydra S.A., sin reclamos concretos.
- 18/08/2025: asamblea convocada sin notificación previa, que impidió tareas a bordo.
- 08/01/2026: manifestación frente al domicilio legal de la empresa y oficinas externas, con obstrucción de accesos, daños a instalaciones y reparto de panfletos injuriosos.
- 19/01/2026: nueva asamblea sin aviso, que impidió la zarpada de una embarcación.
- 23/01/2026: interrupción de tareas para separar a dos empleados y mantener charlas sindicales en horario laboral.
El escrito remarca que estas acciones se repiten desde hace años y que constituyen “conductas arbitrarias, intimidatorias y extorsivas”, en incumplimiento de la normativa laboral vigente.
Acusaciones de “apriete sindical”
La denuncia señala directamente al secretario local del sindicato en Bahía Blanca, Luis Oscar Pérez, como responsable de las prácticas coercitivas. Según el abogado Gorg, la filial central del gremio en Buenos Aires nunca incurrió en este tipo de técnicas y siempre alcanzó acuerdos en beneficio de los asociados.
El documento describe los hechos de enero de 2026 como un “apriete” vinculado al despido de dos empleados por parte de Ildemar S.A. Ambos trabajadores habrían aceptado el proceso indemnizatorio, cercano a los 70 millones de pesos, sin reclamar reincorporación. Sin embargo, el sindicato habría presionado para revertir la decisión, hostigando a la empresa de manera “injustificada y casi mafiosa”.
Difamaciones y denuncias administrativas
Las empresas también acusan al sindicato de difundir calumnias e injurias en medios propios y de presentar denuncias ante el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB) y la Prefectura Naval Argentina, que luego fueron desmentidas. Según la denuncia, estas acciones buscan “intimidar, obstaculizar e impedir el normal desarrollo de la actividad, incumpliendo los acuerdos vigentes y tornando prácticamente inviable la prestación del servicio”.
El escrito solicita que se tenga por presentada la denuncia y la documentación acompañada, que se cite a testigos y que se convoque a autoridades actuales y anteriores del CGPBB para dar fe de las asambleas imprevistas y de los perjuicios ocasionados.
Contexto sectorial
El caso se inscribe en un escenario de tensión creciente en el ámbito portuario de Bahía Blanca. Según un artículo publicado por Argenports, las empresas de balizamiento vienen denunciando bloqueos operativos y presiones sindicales que afectan la continuidad de los servicios. El medio señala que la situación genera preocupación en el sector, dado que las tareas de balizamiento son esenciales para la seguridad de la navegación y el mantenimiento de las rutas marítimas.
La investigación judicial podría convertirse en un precedente relevante para delimitar los alcances de la acción sindical en actividades críticas para la operatividad portuaria. Mientras tanto, las empresas sostienen que el derecho a manifestarse “no es absoluto” y que debe ejercerse sin afectar la propiedad privada ni el normal funcionamiento de las operaciones.
La denuncia penal presentada por Hydra Argentina S.A. e Ildemar S.A. abre un nuevo frente en el conflicto con el Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento en Bahía Blanca. Con acusaciones de agresiones físicas, bloqueos operativos, intimidaciones y difamaciones, el caso plantea interrogantes sobre los límites de la protesta sindical y la necesidad de garantizar la continuidad de servicios estratégicos en el puerto.
La resolución judicial será clave para definir responsabilidades y establecer un marco de convivencia que permita compatibilizar derechos laborales con la seguridad y eficiencia de la cadena logística.
Por: Redacción