La Agencia Nacional de Puertos y Navegación dispuso la extensión por 30 días de la bonificación del 16,7% en el peaje del Canal Martín García, con carácter retroactivo al 4 de enero. La medida replica esquemas transitorios aplicados en los últimos meses y busca ordenar el tráfico, ofrecer alternativas operativas a los armadores y aliviar costos en un contexto de transición en la gestión de la hidrovía.
Crítica de Jorge Metz
En respuesta, Jorge Metz sostuvo que este tipo de decisiones deben encararse a través de la institucionalidad de los órganos intergubernamentales de la Hidrovía Paraguay–Paraná, en especial la Comisión del Acuerdo, encargada de la aplicación y seguimiento del tratado de transporte fluvial. También mencionó la necesidad de intervención de la Comisión Administradora del Río de la Plata, la Comisión Administradora del Río Uruguay y los comités del Bermejo y Pilcomayo, por su influencia en la sedimentación del Paraná.
Metz cuestionó que la Agencia Nacional actúe de manera “voraz y autoritaria” al imponer peajes, aumentos y bonificaciones inconsultas, lo que genera reclamos de países vecinos y de los usuarios de la red troncal. Según explicó, la bonificación responde a la salida de la tarifa 1.1 y a modificaciones en la delimitación de secciones, que permitieron a Argentina aumentar su recaudación en unos 30 millones de dólares anuales, en violación de los estatutos de la CARP.
Modificaciones en las secciones
El ex funcionario detalló que la rada La Plata, entre los kilómetros 37 y 57, pasó de ser la sección 1.1 a la sección 1.2. También se extendió la sección 1.3, entre los kilómetros 460 y 470, incluyendo las terminales portuarias de Timbúes. Estas modificaciones en la delimitación de secciones derivaron en un incremento de la recaudación argentina, lo que motivó reclamos de los países vecinos y de los usuarios de la vía navegable troncal.
Finalmente, Metz indicó que ante los reclamos, Argentina decidió desestimar la medida por 30 días, bonificando la imposición en trato. Para el ex subsecretario, la decisión desnuda errores previos y refleja la necesidad de volver a la institucionalidad en la gestión de la hidrovía.
Por: Redacción