El sector marítimo enfrenta una nueva tensión institucional. Una alianza global del shipping expresó su desacuerdo con las críticas de algunos de sus propios miembros al reciente acuerdo climático impulsado por la Organización Marítima Internacional (OMI). La fractura expone diferencias profundas sobre cómo avanzar en la descarbonización del transporte marítimo sin comprometer la competitividad global.
El acuerdo, aprobado en julio por el Comité de Protección del Medio Marino (MEPC 80), propone alcanzar emisiones netas cero para 2050, pero recibió cuestionamientos por parte de organizaciones ambientales y países insulares, que lo consideran insuficiente frente a la urgencia climática. En contraste, potencias exportadoras como China, Brasil y Arabia Saudita se opusieron a medidas como el impuesto global sobre emisiones, alegando impactos económicos desproporcionados.
Tensión interna en la gobernanza marítima global
La alianza del shipping, que reúne actores públicos y privados, busca sostener una postura común ante la OMI, pero las críticas internas debilitan su capacidad de negociación y reflejan una falta de consenso sobre los mecanismos de transición energética.
Justicia ambiental y fractura sectorial
Este desacuerdo expone una fractura institucional que ya se visibilizaba en la cobertura del Día Mundial de los Océanos, donde actores insulares y costeros exigían mayor ambición climática frente a la inacción global. La tensión entre justicia ambiental y poder económico vuelve a emerger, esta vez dentro del propio sector marítimo.
La gobernanza oceánica enfrenta un dilema: avanzar hacia una transición justa y efectiva, o quedar atrapada en disputas internas que postergan decisiones urgentes. Mientras tanto, los ecosistemas marinos siguen siendo los primeros en pagar el costo de la demora.
Por: Redacción